Dirigentes, ex funcionarios y referentes hicieron públicas sus críticas al escenario político venezolano. En documentos y declaraciones recientes, cuestionan la presencia extranjera, reclaman soberanía sobre los recursos nacionales y advierten sobre una creciente ruptura dentro del movimiento bolivariano
Lo que durante meses se movió como un descontento interno dentro del chavismo empezó a salir a la luz pública a través de redes sociales, columnas de opinión y protestas callejeras. Desde el 3 de enero, la palabra «traición» se repite con frecuencia entre antiguos aliados de la revolución bolivariana, en medio de cuestionamientos al rumbo político del país y a la influencia de actores extranjeros en decisiones estratégicas de Venezuela.
Los reclamos han tomado distintas formas. Algunos, como los del conductor de La Hojilla, Mario Silva, junto a la ex ministra y diputada María Iris Varela Rangel, han sido directos y sin rodeos. Otros, como la llamada «Declaración de Maracay» o las posturas de Elías Jaua Milano y el militar retirado Francisco Arias Cárdenas, han preferido un tono más moderado. En cualquier caso, queda claro que el movimiento chavista, otrora unificado bajo el liderazgo de Hugo Chávez, atraviesa hoy un momento de división política.
Uno de los documentos que ilustra esta tensión es la «Declaración de Maracay», firmada por 29 dirigentes y figuras del chavismo con motivo del 28 de julio, natalicio de Hugo Chávez. En el texto, los firmantes rechazan de forma tajante cualquier tipo de tutelaje o dominación sobre Venezuela y exigen que el diálogo convocado para el 1 de agosto sea coherente, honesto y transparente.
Si bien buena parte de los firmantes no ocupa hoy cargos de relevancia nacional, entre ellos figuran nombres conocidos dentro del chavismo: Elías Jaua, la ex diputada Aurora Morales, el sociólogo y ex ministro Reinaldo Iturriza, el economista y diputado Tony Boza, la ex constituyente y ex directora del SAREN María Alejandra Castillo, el dirigente regional de Mérida y ex diputado Diógenes Andrade, el ex gobernador del estado Sucre Enrique Maestre y el abogado Fernando Rivero.
También suscriben el documento profesionales, ex funcionarios y dirigentes de base, entre ellos Jesús Álvarez, Karla Bolívar, Celso Márquez, Carmen Yasmira Saravia, Ildemaro Cobos, Cristian Medina, Francisco Hernández, Estela Orraiz, Miguel Mora, Walter Galindo, Eliezer Mora, Julio Millán, Luis Felipe del Moral, José Cabrera, Hedy Ramírez, Alfredo Berrueta, Juan Ramón Guzmán, Marvi Calvo, Orlando Sáenz, Jhonny Brito y Adriana Tariba.
El documento plantea la necesidad de defender la Constitución, la soberanía y la independencia nacional. Además, exige el control soberano de los recursos económicos provenientes de la venta de petróleo y otros activos venezolanos, actualmente depositados en un fondo administrado por el gobierno de Estados Unidos.
Ante el diálogo entre la Asamblea Nacional presidida por Jorge de Jesús Rodríguez Gómez y la Asamblea de 2015 encabezada por Dinorah Jaxilda Figuera Tovar, los firmantes reclaman un proceso amplio, pactado entre venezolanos, para venezolanos y por venezolanos, sin injerencia extranjera. Según su visión, ese espacio debería abrir camino hacia una alternativa política y democrática frente a lo que denominan una «situación de tutelaje».
Por último, la Declaración convoca a todos los «actores patrióticos» a impulsar una corriente de opinión a favor de la independencia y los derechos de los trabajadores, mediante mecanismos y plataformas de articulación y comunicación, así como la organización de asambleas, encuentros y reuniones en todo el territorio nacional.
Jaua apunta contra la presencia militar
Entre las voces con más peso se encuentra la de Elías Jaua Milano, uno de los fundadores históricos del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, organización que dio origen al MVR (Movimiento V República) y luego al PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela).
Entre 2001 y 2018, Jaua ocupó numerosos cargos: fue ministro en varias carteras, entre ellas la Secretaría de la Presidencia, Economía Comunal, Agricultura y Tierras, Comunas y Movimientos Sociales, y finalmente Educación, además de canciller, presidente del FIDES (Fondo Intergubernamental para la Descentralización) e incluso vicepresidente Ejecutivo y diputado a la Asamblea Nacional. Está sancionado por Canadá, la Unión Europea, Suiza y Panamá, y tiene prohibida la entrada a Colombia.
En un texto reciente, Jaua advirtió que la situación en Venezuela se agrava por la presencia de fuerzas militares estadounidenses y por lo que calificó como el silencio de las dirigencias políticas con vocería autorizada, representación y responsabilidades institucionales. A su juicio, esos sectores parecen más dispuestos a colaborar con el plan de colonización del gobierno de Trump que a defender la integridad y dignidad de la República.
Sin señalar directamente al gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, Jaua concentró sus críticas en la presencia de fuerzas militares y civiles estadounidenses en el país. Denunció que, aprovechando la situación de catástrofe, se está produciendo el desembarco de tropas en La Guaira, la presencia de buques de guerra frente a las costas y la violación del espacio aéreo con drones, aviones y helicópteros.
El ex ministro también criticó los anuncios de reconstrucción en conjunto con el gobierno de Israel y sostuvo que el pueblo venezolano no merece esta afrenta. Según su interpretación, Estados Unidos ejerce una especie de administración colonial sobre Venezuela al comercializar recursos nacionales y quedarse con ingresos económicos que, según él, deberían destinarse a la reconstrucción tras los terremotos del 24 de junio de 2026 y a la recuperación social del país.
Jaua describió como un «plan leonino y corrupto» el esquema de pago de la deuda externa y acusó a la administración Trump de violar el derecho a la autodeterminación de Venezuela. Calificó además como «invasión militar» la operación Lanza del Sur y como «vil ataque misilístico» la Operación Resolución Absoluta del 3 de enero de 2026.
Ante el nuevo «diálogo»
Sin referirse de forma directa a la participación de Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello en las conversaciones con Estados Unidos, el dirigente rechazó lo que considera la imposición de un modelo neoliberal y extractivista, con consecuencias económicas, sociales y ambientales para las mayorías venezolanas.
Advirtió sobre el riesgo de que Venezuela quede involucrada en el esquema de guerra geopolítica que Estados Unidos mantiene en Medio Oriente, lo cual, a su juicio, traería peligrosas consecuencias para la seguridad del país.
Su planteamiento central gira en torno a tomar conciencia de la gravedad de la ocupación y sus consecuencias, con el fin de recuperar la autodeterminación política, institucional, legislativa y económica de Venezuela. Para lograrlo, propuso exigir la salida de las tropas militares y agentes de seguridad de Estados Unidos e Israel, así como el cese de las operaciones militares extranjeras en territorio venezolano.
Jaua planteó, además, la construcción de un modelo de desarrollo político, económico y social basado en la inclusión y la igualdad, consensuado entre distintas corrientes de pensamiento. En su escrito rechazó la idea de que Venezuela solo pueda alcanzar bienestar bajo la tutela o anexión de Estados Unidos, argumento que calificó como falso de toda falsedad.
Advirtió que lo que llama «administración colonial» solo dejaría enclaves de extracción petrolera y minera, sin beneficios económicos reales para la nación, con violaciones constantes a los derechos del pueblo venezolano y una destrucción ambiental severa.
También alertó sobre un posible proceso de gentrificación y desplazamiento de habitantes en La Guaira, una de las zonas más golpeadas por los terremotos, para dar paso, según denunció, a proyectos inmobiliarios, portuarios, aeroportuarios y turísticos vinculados a intereses del gobierno estadounidense.
La postura de Jaua resulta llamativa por su recorrido dentro del chavismo y por el contraste con su silencio previo frente a los señalamientos de sectores opositores, incluida la denuncia de fraude electoral contra Nicolás Maduro en 2024. Ahora sostiene que los venezolanos deben construir un acuerdo nacional que permita recuperar la República y demostrar que es posible edificar una sociedad democrática basada en la igualdad, la justicia y la dignidad.
