El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela recordó que familiares permanecen concentrados desde el 8 de enero, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de los detenidos por motivos políticos, promesa que no ha sido cumplida
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela pidió este lunes la liberación de todas las personas detenidas por motivos políticos, al considerar que esa medida constituye una respuesta humanitaria urgente frente a la crisis que atraviesa el país, justo cuando las familias cumplen más de 200 días de vigilia permanente cerca de centros de reclusión.
En un comunicado publicado en X bajo el lema La libertad también salva vidas, la organización recordó que las familias se mantienen concentradas desde el 8 de enero, fecha en que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de todos los presos políticos, una promesa que, según denunciaron, sigue sin cumplirse.
El Comité explicó que, durante todo este tiempo, las familias han permanecido a la espera de que se concrete ese ofrecimiento, mientras exigen la libertad de sus seres queridos, los acompañan y denuncian episodios de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes que, según señalan, se han prolongado después del 3 de enero.
La organización sostuvo que el deterioro de las condiciones humanitarias tras los terremotos del 24 de junio elevó los riesgos para quienes permanecen bajo custodia del Estado, por lo que insistió en que la excarcelación debe entenderse como una medida de protección inmediata.
Exigen protección urgente para presos políticos tras terremotos en Venezuela
El pronunciamiento hace referencia a un comunicado conjunto firmado el 23 de julio por más de 20 organizaciones venezolanas e internacionales de derechos humanos, en el que sostienen que la emergencia sísmica agravó una crisis que ya existía, marcada por denuncias de detenciones arbitrarias, torturas, aislamiento, restricciones al debido proceso y condiciones de reclusión que no cumplen con los estándares internacionales.
En ese documento, las organizaciones plantearon que mantener a los presos políticos en centros penitenciarios con denuncias de deficiencias estructurales, ausencia de protocolos de emergencia y limitaciones para el acceso de familiares y abogados aumenta el riesgo sobre su integridad.
Advirtieron, además, que la emergencia humanitaria que atraviesa Venezuela no debería usarse como excusa para dejar de lado la agenda de derechos humanos, ya que consideran que la respuesta a la crisis también debe incluir medidas para proteger a quienes están bajo custodia estatal.
El comunicado agrega que las excarcelaciones sujetas a medidas cautelares no constituyen una solución definitiva, ya que mantienen restricciones sobre las víctimas y alargan los efectos de la persecución judicial.
Entre las principales exigencias planteadas al gobierno figuran la liberación plena e incondicional de todos los presos políticos, evaluaciones técnicas independientes de los centros de reclusión afectados por los sismos, el ingreso de organismos internacionales de derechos humanos y de ayuda humanitaria, el acceso regular de familiares y abogados, y el restablecimiento de las garantías del debido proceso y de la independencia judicial.
El pronunciamiento cuenta con el respaldo de organizaciones como Provea, Foro Penal, Acceso a la Justicia, Justicia, Encuentro y Perdón, Cepaz, Un Mundo Sin Mordaza, FundaRedes, Amnistía Internacional, WOLA, Cejil, la Organización Mundial Contra la Tortura, la Fundación para el Debido Proceso y Robert F. Kennedy Human Rights, entre otras, que coinciden en que proteger la vida de las personas privadas de libertad debe formar parte de la respuesta humanitaria ante la crisis venezolana.
