El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes una flexibilización temporal de ciertas medidas de supervisión financiera, con el objetivo de que las instituciones estadounidenses puedan facilitar operaciones autorizadas vinculadas a la recuperación económica y la ayuda humanitaria en Venezuela tras los recientes terremotos que golpearon al país.
Según la medida anunciada por el Tesoro, la Red de Control de Delitos Financieros no tomará acciones de cumplimiento contra entidades financieras que presten servicios autorizados en Venezuela, país sujeto a sanciones, durante el período comprendido entre el 27 de julio de 2026 y el 29 de enero de 2027.
La decisión busca que bancos y otras instituciones financieras estadounidenses puedan procesar con mayor facilidad operaciones relacionadas con la asistencia humanitaria, la reconstrucción y la recuperación económica de Venezuela tras los sismos, reduciendo el riesgo de sanciones regulatorias derivadas de posibles dificultades de cumplimiento durante ese tipo de transacciones autorizadas.
El Tesoro precisó que las instituciones financieras deberán seguir manteniendo sus programas de cumplimiento contra el lavado de dinero y respetando las sanciones vigentes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
De acuerdo con el comunicado, esta protección no cubrirá violaciones intencionales o deliberadas de las normas financieras estadounidenses.
Según un informe del Banco Mundial presentado el 23 de julio, los daños provocados por los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio tendrían un costo estimado de 19.600 millones de dólares, y podrían frenar la recuperación económica del país durante una década.
Los sismos ocurridos el 24 de junio, de magnitudes 7,2 y 7,5, se produjeron con apenas 39 segundos de diferencia entre uno y otro, y figuran entre los más devastadores en la historia reciente de Venezuela.
Estados Unidos comenzó a imponer sanciones selectivas contra funcionarios venezolanos en 2015, durante el gobierno de Barack Obama, y posteriormente amplió las medidas económicas contra el gobierno de Nicolás Maduro a partir de 2017.
El régimen de sanciones se endureció en 2019, con restricciones más amplias sobre la economía venezolana, incluida la petrolera estatal PDVSA.
Desde entonces, el Tesoro estadounidense ha emitido licencias y excepciones específicas para permitir determinadas operaciones, entre ellas algunas vinculadas al sector petrolero, especialmente después de los cambios políticos registrados en Venezuela tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero.
